Instalación de fontanería

Instalación de fontanería


Realizamos instalaciones autorizadas de fontanería

El boletín de agua es una certificación que sirve para acreditar la instalación de agua en una vivienda o local. Con este documento se da la conformidad al cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación vigente. Al boletín de agua también se le llama certificado de instalación de fontanería. Ten en cuenta que es un documento importante porque sin él no se pueda dar de alta el suministro de agua en una vivienda.

Cuando el instalador de agua autorizado confecciona un boletín de agua ratifica que las instalaciones de fontanería para el suministro de agua en la vivienda o local cumplen las prescripciones legales. Este documento también acredita que se han llevado a cabo las pruebas de resistencia y estanqueidad en la instalación, lo que certifica su correcto funcionamiento.

En Andalucía existía el Decreto 120/91 que aprobaba el Reglamento de Suministro Domiciliario de Andalucía. En dicho Reglamento se indicaba que las instalaciones debía ejecutarlas el instalador autorizado, que el boletín o certificado que este emitía debía sellarse en la Delegación de Industria.

Tras la publicación de la Ley Ómnibus y el Código Técnico de la Edificación se derogó el mencionado Decreto que definía a la empresa instaladora de fontanería ya que esta figura no viene definida en ningún reglamento. Actualmente, cualquier empresa que tenga el IAE de instalaciones de fontanería puede llevar a cabo la instalación de abastecimiento y saneamiento. No existen ni carnets ni registro de empresas. Una vez ejecutada la instalación, se llevan a cabo las comprobaciones y se emite el certificado. No existe modelo oficial.


Decreto 120/1991, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua
Resolución de 28 de octubre de 2009, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se aprueba el modelo del boletín de instalador autorizado de agua.
Decreto 327/2012, de 10 de julio, por el que se modifican diversos Decretos para su adaptación a la normativa estatal de transposición de la Directiva de Servicios.

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